Clínicas de la Patagonia cortarán de forma total la atención a PAMI el 24 de agosto. Denuncian un atraso arancelario histórico donde algunos módulos no cubren ni el material descartable. El sector advierte una crisis superior a la de 2001 e impacta a casi 300 mil jubilados.
En un escenario de tensión inédito para el sistema de salud privado del sur del país, clínicas y sanatorios de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de la atención a los afiliados de PAMI a partir del próximo 24 de agosto. La medida extrema responde al severo atraso en la actualización de las prestaciones, cuyos incrementos —según denuncian los prestadores— representan apenas la mitad de la inflación acumulada desde el inicio de la gestión nacional.
Las instituciones afectadas atienden a un universo cercano a los 300 mil jubilados en la región, para quienes la obra social estatal representa entre el 25% y el 55% de la operatoria prestacional de los sanatorios. La crisis no es repentina: desde junio pasado, los centros médicos venían aplicando restricciones graduales en las guardias, en la recepción de derivaciones y en la reprogramación de cirugías. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales desembocó en una suspensión completa de servicios por primera vez en la historia del organismo.
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El detonante principal es el estrangulamiento económico que atraviesan los módulos prestacionales. Frente a una inflación del 19,3% registrada en los primeros ocho meses del año, la propuesta oficial se limitó a acordar un 6% de aumento a liquidarse en octubre, sumado a una promesa no concretada de un 1,9% adicional atribuida al Ministerio de Salud. De esta manera, existen procedimientos médicos donde el monto transferido por PAMI no alcanza para cubrir siquiera el costo de los materiales descartables básicos, dejando fuera de presupuesto los honorarios de médicos, enfermeros, el uso de quirófano, camas e insumos.
Desde el sector privado califican la situación como “inédita y dogmática”, asegurando que el desfasaje supera incluso los picos críticos de la crisis de 2001. A este panorama se le suma la renuncia masiva de profesionales y el éxodo de médicos que dejaron de atender por la cartilla oficial, sobrecargando las guardias de urgencia y dejando a miles de adultos mayores sin cobertura médica preventiva ni tratamientos programados.
