El exgobernador Sergio Urribarri se declaró inocente ante el tribunal que debe resolver el pedido del Ministerio Público Fiscal, formulado en abril último, para que se hagan efectivas las condenas resueltas en 2022 en el marco del megajuicio.

Fue en el marco de la audiencia que se realizó hoy ante el tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón,  y para atender la petición de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull de que se le apliquen medidas de restricción de la libertad al exgobernador.

Por el lado de la defensa, estuvieron Fernando Burlando, Javier Baños –al igual que el exgobernador, estuvieron conectados en forma remota- y Lepoldo Cappa, en representación de Urribarri; en representación del cuñado Juan Pablo Aguilera, el abogado Miguel Cullen; e Ignacio Díaz en representación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. En realidad, ninguno de los tres, Urribarri, Baez y Aguilera, estuvo presente en la sala de Tribunales: lo hicieron conectados de modo remoto.

El 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la «inmediata detención» del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.

Después de escuchar los argumentos de las partes, el tribunal anunció que el jueves 5 de septiembre, a las 10, dará a conocer su resolución.

Según reflejo el sitio Análisis , Urribarri dijo en la audiencia: “En ningún momento de este recorrido, desde que comienza este proceso de estigmatización y ensañamiento el 18 de diciembre de 2015, tres semanas después que dejo la Gobernación, jamás eludí a mis responsabilidades. Me he puesto a disposición, hice declaraciones espontáneas cruzando la calle siendo presidente de la Cámara de Diputados. Se lee el fallo el 7 de abril de 2022, inmediatamente presenté la renuncia al señor presidente de la nación (Alberto Fernández). Si no volví antes al país, y volví los primeros días de junio fue porque recién el 31 de mayo me aceptan renuncia. Me vine a mi país, a mi casa, con mis amigos, con mi familia. Escuchar argumentos como que viajo muy seguido a Uruguay. Recién le pregunté a mi esposa cuántos años hace que no viajamos a Uruguay. Ella no se acuerda, creo que hace como 6 o 7 años, fue uno de los motivos del fiscal que me puedo fugar porque voy seguido a Uruguay. O que tengo funcionarios, amigos con los que hice amistad a lo largo de mi carrera política. Por supuesto, tengo muchos funcionarios y amigos que no sólo están en este momento sino que estuvieron cuando transformamos la provincia y el país. Pero jamás se me ocurriría profugarme ¿sabe por qué señora presidenta? Porque tengo una esposa de hace 42 años, 5 hijos hermosos y 8 nietos hermosos. A pesar de ese ensañamiento, hostigamiento e intento de estigmatización en estos larguísimos 8 años y pico, a pesar de eso, esa esposa, los 5 hijos y 8 nietos aún siguen sintiéndose orgulloso de su esposo, su padre y abuelo. Jamás en el peor de mis pensamientos los defraudaría cuando creo, bajo todo punto de vista, que soy inocente”.

Por qué la detención

La petición solicita la “inmediata detención” de Baez, Urribarri y Aguilera.

Respecto del exministro de Cultura y Comunicación, al rechazar la Sala Penal del STJ la queja planteada contra la condena del megajuicio, “se desprende que la defensa del condenado Pedro Ángel Báez no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación, por lo cual la misma ha quedado firme”.

En ese sentido, plantean que “la sentencia que condena al mencionado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión se torna ejecutoria, por lo que se solicita se disponga la inmediata detención del mismo y su traslado a Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, conforme doctrina de esa Excelentísima Sala en lo Penal”.  El argumento es que la defensa de Baéz no presentó recurso alguno contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que en 2023 ratificó la condena y rechazó el recurso extraordinario.

En cuanto a Urribarri y Aguilera, “ante el rechazo por mayoría de esa Sala del recurso de queja por denegatoria de impugnación extraordinaria, entendemos que la instancia provincial está próxima a agotarse para que la sentencia de condena se torne ejecutiva”. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal, y “a los fines de hacer efectiva la aplicación de la ley penal y que no se torne ilusoria la sentencia”, plantea, “se impone asegurar su cometido a través de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto”.

“Frente a esta nueva situación, cobra especial relevancia el denominado riesgo de fuga”, dicen los fiscales, y por cuanto, en función de la jurisprudencia de la Sala Penal, “se encuentra cercana en el tiempo la posibilidad que se torne ejecutoria la condena impuesta a los encausados”.

Con ese razonamiento, se pidió que se “disponga la inmediata prisión preventiva” de Urribarri y de su cuñado Aguilera. “En subsidio, para el caso de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva, interesamos que se les imponga cauciones acordes a la naturaleza y entidad de las condenas impuestas, junto con la prohibición de salida del país, efectuando las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y a la Policía Provincial; disponiéndose que deberán asistir una vez a la semana a la Comisaría correspondiente a su domicilio, a fin de dar cuenta de sus lugares de residencia”.