La audiencia programada para este 22 de agosto para discutir los pedidos de prisión en el marco del megajuicio fue nuevamente suspendida.

El martes 30 de julio la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial, el andamiaje burocrático que establece cuándo se realiza un juicio y qué jueces participan, informó que el martes 6 de agosto, a las 9,30, se haría una audiencia para resolver el pedido del Ministerio Público Fiscal de hacer efectivas las condenas aplicadas en 2022 en el marco del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri; al ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Será ante el tribunal conformado por la camarista María Carolina Castagno, y los jueces de Garantía Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, reseñó Entre Ríos Ahora.

El 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la «inmediata detención» del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.

El abogado Leopoldo Cappa introdujo un planteo y dijo que hay en trámite ante la Cámara de Casación Penal un recurso de queja que cuestiona la integración del tribunal para tratar ese pedido. Pero la OGA le dijo que no haría lugar a ese reproche, aunque igual suspendió la audiencia prevista para el martes 6 y la reprogramó para este jueves 22, a las 9. ¿La razón? Uno de los jueces que integra el Tribunal, Elvio Garzón, extendió el pedido de licencia médica.

Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Baños, el equipo de defensores de Urribarri, volvió a pedir el aplazamiento de esa audiencia con el argumento de que su reproche a la conformación del tribunal sigue en pie y ahora llegó en queja a la Sala Penal del STJ.

La OGA les respondió que su planteo se había vuelto abstracto por cuanto por segunda vez volvieron a aplazar ese trámite. Ahora, en razón de la enfermedad del abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez. Entonces ese trámite, la audiencia para hacer efectivas las condenas que se pidió en abril, se pospuso, sin fecha.

Pedido de la defensa

Los abogados defensores de Urribarri Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, pidieron el aplazamiento de la audiencia de este jueves al entender que «no resulta ajustado a derecho intentar la realización de la audiencia designada a fin de modificar la situación cautelar de nuestro defendido, cuando media interpuesto un remedio de impugnación extraordinaria no resuelto y la sentencia definitiva del proceso tampoco se encuentra firme ya que ha sido articulado contra ella» un recurso extraordinario federal.

«En este sentido cabe puntualizar que la decisión adoptada vulnera lo dispuesto por la Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dictada el 8 de agosto de 2023. Dicha acordada establece que, en casos en los cuales sea necesaria la aplicación de medidas cautelares, debe garantizarse la participación de jueces de juicio y apelación de otras jurisdicciones, respetando así el principio del Juez Natural», señala el escrito.

El planteo de los defensores en contra de la realización de esa audiencia ha sido rechazado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones y por la Cámara de Casación Penal y ahora llegó con un recurso de queja ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En una nueva requisitoria ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), los defensores pidieron que se suspenda “de manera inmediata la audiencia fijada para el día 22 de agosto de 2024, hasta tanto se resuelva la presente reposición y se garantice la correcta integración de un tribunal, respetando las disposiciones de la Acordada del 8 de agosto de 2023 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que establece que las medidas cautelares deben ser tratadas por jueces de igual competencia material provenientes de otras jurisdicciones”.

También reclamaron que “se suspenda cualquier trámite procesal y/o ejecución de medidas restrictivas de la libertad hasta tanto se resuelva el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la defensa, garantizando así el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales invocados y, eventualmente, se ordene la conformación de un tribunal, respetando los principios constitucionales y convencionales, y garantizando la participación de jueces de otras jurisdicciones en la resolución de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal”.